Washington sanciona al magistrado senegalés Abdoulaye Seye; Dakar expresa su preocupación

Estados Unidos anunció el 18 de agosto nuevas sanciones contra dos responsables de la Corte Penal Internacional (CPI), entre ellos el jurista senegalés Abdoulaye Seye. Estas medidas, aplicables a partir del 17 de septiembre, también afectan a Tomoko Akane, presidenta japonesa del tribunal con sede en La Haya.

Según la información comunicada por Washington, las personas designadas verán congelados sus posibles activos situados en Estados Unidos. Ya no podrán entrar en territorio estadounidense y las personas o entidades estadounidenses no podrán realizar transacciones con ellas.

Medidas vinculadas a las actividades de la Corte

Las sanciones se basan en un decreto presidencial estadounidense firmado en febrero de 2025. Este prevé restricciones financieras y de visado contra las personas que participen en investigaciones de la CPI dirigidas a ciudadanos estadounidenses o israelíes.

Washington, que no es parte del Estatuto de Roma, reprocha a la Corte actuar en casos relacionados con Estados que no han aceptado su competencia. La Administración estadounidense presenta al tribunal como una institución politizada que atenta contra la soberanía de los Estados.

Abdoulaye Seye es jurista principal de primera instancia de la Oficina del Fiscal de la CPI. También es el candidato presentado por Senegal para una elección al cargo de juez de la Corte. Se convierte en el segundo jurista senegalés que presta servicio en La Haya afectado por sanciones estadounidenses en menos de un año, después de Mame Mandiaye Niang, fiscal adjunto señalado en una anterior ronda de medidas.

La reacción de Dakar

En un comunicado publicado el 20 de agosto, el Ministerio senegalés de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses en el Exterior indicó haber tenido conocimiento de estas medidas con profunda preocupación.

El Gobierno recordó que la CPI constituye un instrumento importante en la lucha contra la impunidad. También destacó el lugar particular de Senegal, presentado como el primer Estado en ratificar el Estatuto de Roma, el 2 de febrero de 1999.

Dakar expresó su solidaridad con Abdoulaye Seye y los demás miembros del personal afectados. Senegal también consideró que el ejercicio independiente de responsabilidades judiciales dentro de una jurisdicción internacional no debería exponer a las personas concernidas a presiones que puedan obstaculizar su mandato.

Críticas internacionales

La CPI denunció un ataque contra su independencia. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió el levantamiento de las sanciones. Responsables europeos, las autoridades alemanas y neerlandesas, así como Japón, también expresaron su respaldo al funcionamiento independiente de la Corte, según la información recogida.

En Estados Unidos, varias organizaciones recurrieron a una jurisdicción federal el 11 de agosto para impugnar las sanciones contra magistrados e investigadores de la CPI, así como contra otras personas y organizaciones. Cuestionan, en particular, la legalidad de estas medidas a la luz de la Constitución estadounidense.